Muchas personas con discapacidad pueden llegar a gobernar sus propias vidas si cuentan con los apoyos necesarios. Para aquellos que no pueden prever las consecuencias de sus acciones u omisiones, el ordenamiento jurídico crea un mecanismo de protección, la Declaración de Incapacidad, bajo la protección de la tutela, que desde la aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se formula como medidas para completar la capacidad. Estas medidas jurídicas gozan de garantía y seguridad jurídica y están bajo la supervisión del Juez y del Ministerio Fiscal.
El tutor se compromete con el bienestar de la persona, mantiene una relación de apoyo, conoce sus deseos, aspiraciones, necesidades, y busca los recursos y apoyos que puedan ayudarle a desarrollarse plenamente y mejorar su calidad de vida. La tutela incluye las dimensiones personal y patrimonial.
Realizamos esta función con el apoyo de los Voluntarios Tutelares.
